El gobierno de Trump está avanzando con su expansión de la base de inadmisibilidad de Carga Pública.  La expansión ha sido bloqueada por demandas durante varios meses, pero el 24 de febrero de 2020 entrará en vigencia en todos los estados, con excepción de Illinois.  Esto se debe a una decisión reciente de la Corte Suprema para eliminar un amparo temporal a nivel nacional contra esta norma, el que fuera introducido por un juez de un tribunal de distrito.  Es importante mencionar que la decisión de la Corte Suprema no debatió la constitucionalidad de esta nueva política de Carga Pública – aún no hemos llegado tan lejos.  La nueva norma está actualmente pendiente de revisión en el 2º Circuito de la Corte de Apelaciones y estamos esperando una decisión judicial formal sobre su constitucionalidad pronto.  Entretanto, queremos que nuestros clientes y otras persona que buscan admisión a los Estados Unidos estén alertas sobre cómo esta norma puede afectarles.

¿Qué es Carga Pública?

“Carga Pública” es una base de inadmisibilidad.  La ley de Inmigración y Nacionalidad indica que las personas extranjeras que pueden convertirse en una carga pública – por ejemplo, que se conviertan en dependientes de ayuda pública en los EE.UU.-, no pueden ser admitidos con visas temporales ni convertirse en residentes permanentes.  Si bien las normas sobre carga pública han sido parte de la política de inmigración desde 1882, las leyes de inmigración no definen con claridad lo que carga pública significa exactamente.  El gobierno de EE.UU. ha implementado lineamientos generales sobre carga pública previamente, los que han sido utilizados de forma menos restrictiva.  Por ejemplo, la Declaración de Soporte Financiero que los ciudadanos estadounidenses tienen que firmar cuando solicitan casos de residencia permanente para sus cónyuges extranjeros ha sido suficiente hasta ahora para responder a las preocupaciones sobre potencial carga pública.  Después de todo, los EE.UU. son famosos por promover oportunidades para familias inmigrantes trabajadoras para mejorar sus vidas, por generaciones, y esto está en la base del “Sueño Americano”.

¿Qué es lo diferente en la nueva norma?

La nueva norma de Carga Pública es una descomunal desviación del marco existente en materia de inmigración.  No solo es más restrictiva sino que también añade substancialmente mayor incertidumbre y mayor subjetividad a un proceso de inmigración que ya en sí es complejo.  La nueva norma define Carga Pública como sigue:

‘carga pública’ se refiere a una persona extranjera que recibe uno o más beneficios públicos, como está definido en la nueva 8CFR 212.21(b), por más de 12 meses en total, dentro de cualquier periodo de 36 meses (como, por ejemplo, recibir dos beneficios en un mes cuenta como dos meses).

Los beneficios públicos indicados en 8CFR 212.21(b) incluyen lo siguiente:

  • Cualquier ayuda financiera local, estatal o federal, como SSI, TANF o programas de “ayuda general”
  • SNAP, Programa Asistencial de Nutrición Suplementaria (cupones para alimentos)
  • Ayuda para vivienda por el Programa Sección 8
  • Ayuda para renta por el Programa Sección 8
  • Medicaid (llamado TennCare en Tennessee), pero sin incluir los beneficios de emergencia, los fondos para la Ley de Educación para Individuos con Discapacidades, y prestación de servicios en las escuelas
  • Vivienda publica

Además de descalificar a las personas que reciben ciertos beneficios – los que son totalmente legales y permitidos bajo varias leyes estatales -, la nueva norma requiere que los oficiales del Servicio de Inmigración y Ciudadanía de los EE.UU., la agencia de Aduanas y Servicio de Aduanas y Protección Fronteriza y el Departamento de Estado de los EE.UU. evalúen la probabilidad potencial de que un solicitante se convierta en carga pública en el futuro.  Los factores que serán usados para determinar si una persona extranjera probablemente se convertirá en carga pública incluyen lo siguiente:

  • Tener ingresos menores al 250% del nivel federal de pobreza para el tamaño del hogar
  • Ser desempleado
  • Tener discapacidades
  • Tener serias condiciones de salud
  • No tener seguro de salud
  • Tener conocimiento limitado de inglés
  • Tener deuda o un bajo puntaje de crédito

¿La nueva norma aplica a su caso?

Las personas extranjeras, que caen dentro de los siguientes grupos, serán evaluadas para carga pública:

  • Personas solicitando la residencia permanente (excepto quienes lo hagan a través de su estatus de asilado o refugiado, visa U o T, o VAWA)
  • Personas solicitando visas o solicitando admisión a los EE.UU. usando una visa
  • Personas que ya tienen una tarjeta de residencia pero han estado fuera de los EE.UU. por más de 180 días, o quienes han trabajado en el exterior y tienen una condena criminal
  • Personas solicitando extender o cambiar su estatus de no inmigrantes (solo estarán sujetas a preguntas sobre el recibo de beneficios públicos en el pasado)

¿Hay algunas excepciones para la nueva norma?

No todos estarán sujetos a la norma de Carga Pública.  Los refugiados, los asilados, los recipientes de VAWA y de visas U y T están dentro del grupo que no estará sujeto a este evaluación adicional.

¿Es esta la decisión final sobre Carga Pública?

Si bien la norma de Carga Pública se ha extendido y sigue en efecto, las cortes no han emitido una decisión final sobre su constitucionalidad y hay una buena posibilitad que sea considerada inconstitucional.  Creemos que esta castiga excesivamente a los inmigrantes y fuerza a las familias inmigrantes a escoger entre su estatus de inmigración y su salud, nutrición y ayuda para vivienda, para las cuales son elegibles bajo varias leyes federales y estatales.  Esta es una evaluación de recursos, lo cual no es ético con relación a la historia de este país de acoger inmigrantes, y está enraizada en el racismo y clasismo. Hasta que no haya un cambio, estaremos listos para aconsejar clientes con la información más actualizada en esta materia.

Cualquier persona que esté solicitando o planeando solicitar la mayoría de visas o la residencia permanente tiene que estar atenta a la expansión de esta norma.  Si no ha hablado con un abogado de inmigración sobre cómo la Norma de Carga Pública afectará su caso, llámenos para una consulta. Podemos ayudarle a evaluar su riesgo y aconsejarle sobre cualquier cambio que pueda ser necesario.